Entidades Cívicas de las cinco Autonomías con cooficialidad lingüística reclaman el amparo de los poderes del Estado en el Día Internacional de la Lengua Materna

Los colectivos: Asociación por la Tolerancia de Cataluña, Fundación Círculo Balear, Galicia Bilingüe, Plataforma por la Libertad de elección lingüística del País Vasco y Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística defendemos –en aquellas CCAA con más de una lengua oficial– el derecho a escoger la lengua de escolarización de nuestros hijos, en el que queda englobado el derecho a la enseñanza en lengua materna. Denunciamos asimismo que, en nuestras respectivas comunidades autónomas, se está vulnerando sistemáticamente el derecho de los niños a recibir la enseñanza en lengua materna, lo que en algunas de estas comunidades les sucede sólo a los niños castellano-hablantes.

En 1999, la UNESCO estableció el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna, por ser ésta la “más importante para las primeras fases de nuestro desarrollo emotivo y cognitivo”.

Este Organismo, en el 1er bloque de Principios, basándose en la experiencia a lo largo de muchos años de investigación, afirma que la enseñanza en la lengua materna es el mejor instrumento para mejorar la calidad de la educación, ya que los niños que inician su educación en ella logran mejores resultados que aquellos que son expuestos a un idioma nuevo al comenzar la escuela. Recomienda, además, que se extienda el empleo de la lengua materna en la enseñanza hasta el grado más avanzado posible.

Las recomendaciones de la UNESCO no se rigen por intereses políticos, sino por criterios pedagógicos, que son los que deben primar en cualquier política educativa que se precie. Así, los colectivos mencionados, en este día tan especial, sumando a estos criterios
pedagógicos: los sociológicos y los legales, estimamos oportuno constatar que:

1. Es una obviedad que los procesos de inmersión no voluntarios son contrarios a la filosofía de la UNESCO, aunque nuestros representantes no tengan pudor al invocar su nombre para respaldar una política que contraviene claramente sus recomendaciones.

2. El propio concepto de inmersión que se aplica en algunas Comunidades autónomas de España es además discriminatorio porque afecta sólo a los niños castellanohablantes. Los hablantes de las lenguas cooficiales no la sufren; simplemente reciben la instrucción en su lengua familiar. Por tanto se está violando también el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se formula el principio básico contra la discriminación por motivos de idioma, entre otros. Esa discriminación resulta especialmente lacerante en el caso de los niños con discapacidad cerebral o sordos.

3. Se ha sustituido el concepto de lengua materna por el de “lengua propia”. Con ello, se ha privado a muchos escolares del derecho a la enseñanza en su lengua.

Es decir, se olvida que los únicos portadores de derechos son los ciudadanos y no lo territorios. A veces, contra toda evidencia, se niega esa discriminación; otras, se justifica como medida necesaria para evitar la “muerte” de las lenguas cooficiales, falacia de bulto, ya que las lenguas prestigiadas –en este caso, además, sobredimensionadas por las Instituciones– no mueren si sus hablantes no las dejan de utilizar. En cualquier caso, no es función de la escuela salvar lenguas. En cambio, privar de la enseñanza en una lengua oficial, que en el caso del español también es la común de toda España y la segunda más importante en el mundo, constituye –además de caso único– un atropello para muchos y un fraude para todos.

4. Al ignorar sistemática y deliberadamente que el castellano es lengua materna de más de la mitad de los escolares en cualquiera de estas Comunidades Autónomas, las autoridades educativas dan la espalda a la realidad sociológica y al no facilitar, al menos parcialmente, la educación en este idioma en algunas de ellas, se sitúan además al margen de la ley, cuestión inaceptable en un Estado de derecho.

Por todo ello, SOLICITAMOS AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO que inste a los gobiernos autonómicos a cumplir las leyes, y a LAS CORTES GENERALES que promuevan una ley de lenguas para todo el territorio español que:

1. Garantice la igualdad de derechos lingüísticos de todos los ciudadanos en los territorios con cooficialidad lingüística, dando por finalizado, después de tres décadas, el periodo de “normalización” de las lenguas locales.

2. Derogue cuanto antes las leyes de inmersión obligatoria, que niegan de facto el derecho a la educación en lengua materna, y que haga prevalecer el derecho a la libertad de elección lingüística.

Puedes ver el documento aquí

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Acuerdos secretos entre Aragón y Cataluña

El día 6 de abril del año 2010 los consejeros de Educación de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno de Aragón firmaron un protocolo de colaboración entre ambos gobiernos cuyo objeto declarado era la promoción de la enseñanza de la lengua catalana en el ámbito de la educación. Pero si tenemos en cuenta que la enseñanza de la misma ya está más que suficientemente promovida en territorio catalán, donde la enseñanza del castellano -que algunos nos empeñamos en seguir llamando español- es prácticamente residual y casi proscrita, habrá que concluir, como se deduce de la lectura del texto acordado, que se trata de promover esa enseñanza exclusivamente en Aragón, considerando, dicen, los vínculos históricos, culturales y lingüísticos.

No existe en el texto citado ningún tipo de reciprocidad respecto a las otras lenguas mal llamadas “propias” de Aragón (porque las lenguas no son propias de los territorios, sino de sus hablantes) ni al español, la lengua común, con el que es posible establecer vínculos de comunicación tanto o más útiles por su enorme difusión mundial. Y tampoco creemos que pueda desvincularse la promoción de la enseñanza del catalán en Aragón de esos propósitos de anexionarse partes de nuestro territorio, que algunos proclaman de forma harto explícita. “Una llengua, un poble”, era el lema de uno de los últimos “correllenguas” que recorría poblaciones del Este aragonés, para despejar cualquier duda al respecto. El correllengua, explica Wikipedia, es el nombre de una campaña cultural y política que se hace cada año, destinada a la defensa y promoción de la lengua catalana, aunque incluye, por supuesto, otros objetivos de carácter más político que cultural.

Pero lo más grave de ese protocolo de colaboración es que sólo se ha hecho público en el Boletín de la Generalitat (DOGC núm. 5645 – 08/06/2010), pero no en el Boletín Oficial de Aragón, dejando patente el deseo del Gobierno aragonés de mantener secreto ante sus ciudadanos el acuerdo alcanzado y el poco respeto que nos tiene. ¿Por qué pretenderá el Gobierno de Aragón ocultarlo a sus ciudadanos? La publicación de esos acuerdos no es potestativa, sino obligatoria ‑legalmente obligatoria-. Obliga a ello la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que es de aplicación en todo el Estado, y que precisamente la Generalitat invoca para justificar legalmente la publicación del protocolo.

Difícilmente podrá el Ejecutivo aragonés argüir que no se trata de un convenio sino de un protocolo de colaboración, porque desde el día en que lo firmó ha publicado ocho protocolos de colaboración con Andalucía, con Cantabria… Y ya en el año 2003 la entonces consejera de Educación, Eva Almunia, firmó un Acuerdo Marco de Colaboración con la Generalitat de Cataluña redactado en términos muy similares al actual, que fue objeto de publicación mediante Orden que firmaba el entonces -y ahora- vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel.

¿Tiene miedo ahora el Gobierno a la reacción o falta de comprensión de los ciudadanos? Y más aún, ¿un gobierno que cree necesario ocultar sus actos y decisiones a los ciudadanos puede ser llamado democrático?

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Ley de Lenguas de Aragón: Las Cortes de Aragón decretan, por fin, que el castellano no es lengua propia de los aragoneses

Ley de Lenguas de Aragón: Las Cortes de Aragón decretan, por fin, que el castellano no es lengua propia de los aragoneses.

Durante la tramitación de la Ley de Lenguas de Aragón, todos los grupos parlamentarios, todos, han coincidido en no reconocer el castellano como lengua propia del ciudadano aragonés. Esta unanimidad es lo más relevante de las intervenciones parlamentarias, aunque ha quedado eclipsada por la escaramuza particularista del “no hablamos catalán, hablamos modalidades aragonesas”.

Las Cortes de Aragón aprobaron en noviembre de 1997 el Dictamen de la Comisión de estudio de la política lingüística en Aragón. Entre los comparecientes ante la Comisión destacan las aportaciones de los representantes de las entidades sociales catalanistas, las intervenciones de expertos en aragonés y catalán, la opinión de dos eurodiputados- vasco y catalana- y los consejos de políticos de comunidades autónomas con leyes de normalización lingüística. Su contribución fue determinante en la redacción del Dictamen, orientado a utilizar las lenguas locales en la construcción de proyectos identitarios.

En 1997 ya teníamos datos sobre los efectos del desarrollo de las leyes autonómicas de normalización lingüística, por cierto las de Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra elaboradas por el PP en situaciones de mayoría absoluta. La Asociación Tolerancia de Cataluña ya informaba de la conculcación en Cataluña de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución en la política lingüística de los nacionalistas, con la complacencia de los gobiernos de González y Aznar. Las Cortes de Aragón hubieran debido llamar como comparecientes a representantes de países europeos que habían concedido la oficialidad a lenguas minoritarias a partir de lo obvio, que en sus naciones existe una lengua común, propia de todos los ciudadanos, y las lenguas minoritarias, usadas en algunas zonas regularmente por una parte de la población en sus relaciones familiares y sociales, están protegidas oficialmente en las instituciones, administración, medios de comunicación y educación pública. En los territorios con lenguas locales, la enseñanza es en la lengua materna que los padres decidan, los derechos lingüísticos pertenecen a las personas y la lengua troncal de la comunidad nacional no es expulsada del espacio oficial y político. Este modelo de protección y fomento cultural de las lenguas regionales es eficaz y excluye el secesionismo sociolingüista.

Por el contrario, los partidos aragoneses, con la Ley de Lenguas abrazan sin remilgos la estrategia del soberanismo nacionalista: la lengua es del territorio, no de los ciudadanos, los derechos históricos priman sobre los derechos democráticos de la Constitución, la lengua materna no se reconoce, se excluye la lengua común de todos los aragoneses y se discrimina a quienes tengan el castellano como lengua propia. El aragonés y el catalán son las lenguas divisa de las Cortes de Aragón. El efecto inmediato es que el Aragón Oriental se incorpora al ámbito lingüístico, laboral y geopolítico de los Países Catalanes.

Es el resultado no previsto por un regionalismo que lideró durante décadas una identidad aragonesista, basada en considerar al castellano como lengua ajena a la personalidad histórica de Aragón, crucial para su propósito de tener la exclusiva autonomista y un acceso preferente a las prebendas políticas y canonjías clientelares previstas con la oficialización de la constelación de hablas municipales y comarcales amparadas como modalidades de lenguas de Aragón. El golpe de mano con la Ley de Lenguas del sector pancatalanista del PSOE ha truncado la empresa.

Esta cuestión ha originado ruidosas trifulcas partidistas. Por lo demás, ningún partido ha defendido en las Cortes de Aragón que existe una lengua común de todos los aragoneses, que es la lengua materna del 98% de la población y que esa lengua, el castellano, es propia y predominante en esta Comunidad y cimiento de los rasgos históricos y culturales de Aragón.

Asociación Lengua Común.

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Nace Impulso Ciudadano

Hoy ha visto la luz “Impulso Ciudadano” una nueva asociación cívica que viene a sumarse a las numerosas asociaciones que, por la defensa de los derechos civiles, y contra los abusos del poder político, configuramos la sociedad civil española actual.

La vocación de “Impulso Ciudadano” es la de configurarse como un punto de encuentro entre todas ellas, para poder ejercer una presión real sobre el panorama político actual.

La Asociación Lengua Común, estuvo presente, y brindó a Impulso Ciudadano su bienvenida institucional.

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Marita Rodriguez nos visita


Marita Rodriguez, que fué presidente de la Asociación por la Tolerancia, nos visita hoy para acudir al programa que dirige D. Fernando Sancho en el Canal 44 de Zaragoza y que se emite a las 11:00 No os lo perdáis!

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El Convenio secreto

El día 6 de abril del año 2010 -es decir, en este mismo año en que nos hallamos- el consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Ernest Maragall i Mira, y la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto Cosculluela, firmaron un protocolo de colaboración entre ambos gobiernos, cuyo primer párrafo de la exposición de motivos dice lo siguiente:

“Que tanto el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña como el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón tienen interés en la promoción de la enseñanza de la lengua catalana y en contribuir activamente en la consecución de este objetivo en el ámbito de la educación”.
A tal fin, desarrollan una serie de medidas que pueden ustedes leer en el texto publicado.
No obstante, hay una pequeña dificultad. Para hallar ese texto, deben ustedes acudir al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, porque sorprendentemente no ha sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón, como es preceptivo.
De hecho, como señala el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los convenios deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado (si una de las partes es el Estado) y en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva.
Observen que el Gobierno catalán justifica la publicación del presente protocolo de colaboración precisamente en ese mismo artículo 8.2 de la Ley 30/92:
“Considerando las previsiones del artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común, y del artículo 9 del Decreto 52/2005, de 5 de abril, de creación y regulación del Registro de convenios de colaboración y cooperación, sobre la publicación al DOGC de los convenios de colaboración con la Administración del Estado,
Resuelvo:
Hacer público el protocolo de colaboración…”
Algo, hacer público ese protocolo, que es preceptivo y que, por las razones que sea, el Gobierno de Aragón ha preferido evitar. Salvo que yo no lo haya sabido encontrar.
Sin embargo, a lo largo del año, han sido muy numerosos los convenios y protocolos de colaboración suscritos por el Gobierno de Aragón con el Estado y con otras Comunidades Autónomas y publicados en el Boletín Oficial de Aragón.
Pero es que es posible que haya algún interés en mantenerlo oculto o que se tema que sus propósitos no sean bien entendidos o valorados por los aragoneses.
Porque, en efecto, la lectura del convenio justificaría, a mi juicio, más de una suspicacia. Se habla en él de la promoción y el estudio recíprocos de las lenguas y de las culturas, sin que en su contenido pueda apreciarse ninguna reciprocidad, sino la aplicación unidireccional de los criterios culturales y lingüísticos catalanes. La única concreción que puede hallarse en sus cláusulas es la referida a la promoción de la enseñanza de la lengua catalana y la difusión, intercambio y producción de herramientas pedagógicas en catalán. Todo lo demás son generalidades: desarrollo de proyectos de interés común, promoción de intercambios y encuentros, actividades de cooperación…
No pasará inadvertido al lector el hecho de que, a pesar de esa apariencia de cooperación y reciprocidad, todo apunta a la subordinación lingüística y cultural frente a Cataluña en este ámbito y la posible injerencia de la Generalitat en el espacio competencial del Gobierno autonómico de Aragón, dejando abierta además la puerta a que inspectores catalanes intervengan en la gestión del Gobierno autonómico de Aragón y que profesores del sistema educativo de la Generalitat puedan ejercer como profesores de catalán en Aragón. Sería insólito que inspectores o profesores aragoneses puedan supervisar la enseñanza del catalán en Cataluña.
Y ya de la lengua común -esto es, del castellano- ni hablamos. La reciprocidad queda excluida del texto. Ni se cita en el convenio.
No obstante, ya en el año 2003, siendo consejera de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón Eva Almunia, se suscribió un convenio de colaboración similar, aunque sus efectos parecían circunscribirse especialmente al Centro de Profesores y Recursos de Fraga , del que ya entonces se citaban sus relaciones previas con la Dirección general de Ordenación y Innovación Educativa de Cataluña, que no se sabe que fueran objeto de regulación ni en qué consistían.
Éste sí fue publicado:
Por último y como curiosidad, ¿qué papel está desempeñando el PAR en toda esta historia? Porque es evidente que como socios de gobierno conocen la existencia de ese protocolo de colaboración, y saben y participan de su secreto. ¿Por qué callan?
J. C.
Puedes ver el artículo original en su blog
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Hacia el Oeste

Sorprende la precisión con la que se cumplen los guiones y cómo la secuencia de los hechos sigue exactamente lo que se anticipó que ocurriría. Ya anuncian las primeras oposiciones de profesores de Catalán al amparo de la recién aprobada Ley de Lenguas. Es obvio que de esas oposiciones estamos excluidos la mayoría de los ciudadanos aragoneses, que en más del 90%, somos castellanohablantes, mientras que podrán concurrir los habitantes de las comarcas orientales bilingües y, especialmente, los ciudadanos catalanes fronterizos y también bilingües. Un médico o un técnico en informática no tienen esos condicionantes de origen, sino solo de conocimientos. Pero, en este caso, es el origen el que condiciona los cononocimientos, estableciendo una nueva barrera que acaba de trasladarse del límite oriental de nuestra Comunidad hacia el Oeste, hasta el límite de coexistencia lingüística entre castellano y catalán. Se ha creado, como temíamos, una cantera de puestos de trabajo privilegiados, que pagaremos todos y de la que están excluidos la mayoría de de los aragoneses, pero que queda abierta a nuestros vecinos catalanes. Porque, al fin y al cabo, entre Almacellas y Altorricón hay un paseo. La frontera acaba de desplazarse al Oeste. Antes era solo la lengua, pero ahora también son los puestos de trabajo. Luego serán más cosas.

J. C.

Puedes ver esta Carta al Director en El Heraldo del 30 de Diciembre

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Entrevista a Lorenzo Castelreanas en La Voz libre

Zaragoza.- Lorenzo Castelreanas Puyó, originario de Sigüés, un pequeño pueblo de Zaragoza, es el presidente de la Asociación Lengua Común, una nueva entidad constituida en el verano de 2009 como respuesta a la tramitación parlamentaria de la Ley de Lenguas de Aragón. Además, es afiliado a la Asociación por la Tolerancia, de Cataluña.

– ¿Por qué tomaron la decisión de crear la Asociación Lengua Común?

- Porque nos dimos cuenta de que no había ninguna otra plataforma similar en Aragón. En principio fuimos doce socios constituyentes los que dimos origen a la asociación, y actualmente nos encontramos en fase de expansión. Vamos a realizar nuestra presentación a la sociedad y para ello estamos elaborando los documentos necesarios, pero además vamos a establecer unos servicios jurídicos que una vez que la Ley de Lenguas de Aragón entre en vigor serán más que necesarios.

- ¿Por qué decidió afiliarse a Tolerancia?

- Porque vi que la lengua iba a ser un problema vital en Aragón. Me di cuenta de que se estaban empezando a pisotear derechos básicos reconocidos en la Constitución y creí necesario hacer algo.

“LA LEY DE LENGUAS DE ARAGÓN PROVIENE DE LAS LEYES LINGÜÍSTICAS CATALANAS”

- ¿Cuál es la postura exacta de la Asociación Lengua Común respecto a la Ley de Lenguas de Aragón?

- La Ley de Lenguas declara como lenguas propias de Aragón tanto el aragonés como el catalán, pero no el castellano, que considera “lengua oficial”, lo que en algunos círculos se asocia a procesos coloniales. Eso significa que automáticamente los derechos de los hablantes de castellano como lengua materna y común, que la Constitución reconoce, se pueden ver conculcados por las leyes lingüísticas. El castellano o español no sólo es la lengua mayoritaria oficial sino que también es una lengua propia y de uso predominante, pero esta ley no lo contempla así. Sobra decir que la Ley de Lenguas de Aragón proviene de las leyes lingüísticas catalanas. Cuando el nacionalismo catalán quiso propugnar el bilingüismo, haciendo presente el catalán, se basó en el concepto del catalán como lengua materna, un concepto reconocido por la UNESCO. Sin embargo, una vez que el catalán estaba instaurado, el paso siguiente era suprimir ese bilingüismo y marginar el castellano, para lo cual lógicamente había que obviar el concepto en el que se habían apoyado previamente, ya que en caso contrario se verían obligados a reconocer que el castellano era la lengua materna del 60 ó 70% de la población catalana. Esta concepción se ha extendido a Aragón, por lo que en nuestra Ley de Lenguas también se ha ignorado dicho concepto.

- ¿Piensan que debería promocionarse el aragonés y el catalán en Aragón? ¿Cómo lo harían?

- Por supuesto. Nosotros somos partidarios de que se proteja y se promocione el aragonés y el catalán desde el punto de vista cultural, pero somos totalmente contrarios a su cooficialización. En otros países europeos existen modelos de preservación, protección y promoción de las lenguas que no pasan necesariamente por la cooficialización, sino por la oficialización en términos meramente culturales y mediáticos.

- ¿Cómo cree que va a afectar la Ley de Lenguas a Aragón?

- Hoy se debate en las Cortes el proyecto presentado por el PSOE, al que presuponemos que se le incorporarán las enmiendas introducidas por Chunta Aragonesista. Una vez que la ley entre en vigor, empezarán a surgir problemas. Calculamos que en cuestión de dos o tres años la gente comenzará a percatarse del verdadero alcance de la ley, la cual está siendo elaborada en medio del absoluto desconocimiento de la sociedad civil aragonesa.

- El proyecto de Ley de Lenguas presentado por el PSOE declara la “voluntariedad” y la “territorialidad” del aragonés y del catalán, pero no su cooficialidad.

- Es cierto, pero gracias a una intervención nefasta del PAR y del PP esa cooficialidad que el PSOE no introducía va a ser posible. La Ley del Patrimonio Cultural, aprobada en 1999 por el Gobierno del PP y del PAR, manifiesta explícitamente en su artículo cuarto que el aragonés y el catalán son lenguas propias de Aragón. Posteriormente, en una segunda disposición derogatoria, manifiesta que una futura Ley de Lenguas deberá fijar la cooficialidad de ambas lenguas. El PSOE, que quería controlar dicha cooficialidad para no verse obligado a incorporarla de inmediato, presentó una enmienda para derogar esa disposición de la Ley del Patrimonio, pero ese intento se vio frustrado porque el PAR se abstuvo y, vergonzosamente, el PP votó en contra. Resulta irónico que mientras que el PAR y el PP están montando unas auténticas bufonadas junto a la Plataforma No Hablamos Catalán con objeto de intentar provocar el desgaste político del PSOE, resulta que existe una legislación elaborada por ellos donde se habla del aragonés y del catalán como lenguas propias de Aragón y se declara que en el caso de que se elabore una Ley de Lenguas, esta debe contemplar su cooficialidad. Y son incapaces de apoyar al PSOE para derogar estos extremos.

“LA CHA Y EL PAR QUIEREN QUE EL ARAGONÉS SEA LA LENGUA QUE CONSTITUYA LA IDENTIDAD NACIONAL”

- El proyecto presentado por el PSOE permite que el aragonés y el catalán se promocionen pero incide específicamente en que sólo será posible en sus territorios de desarrollo o de expansión. ¿Qué cree que implicaría la oficialidad?

- Esta ley es muy etérea, una simple exposición de intenciones, pero su aplicación dependerá de lo que decida el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, un organismo que se constituirá una vez aprobada la Ley de Lenguas y que determinará la política lingüística de Aragón. Lo que ocurre es que el partido que realmente ha estado detrás de las iniciativas y ha tomado el protagonismo es Chunta Aragonesista, aliado preferente y casi filial de ERC. Además, tanto la Chunta como el PAR coinciden en que el aragonés tiene que ser la lengua que constituya la identidad nacional y con el tiempo las bases de un nacionalismo aragonés. Para ellos, es el aragonés el idioma que debe ser realmente cooficializado, el destinado a desplazar al castellano, y el catalán se quedará en una zona circunscrita.

- El número de hablantes de aragonés no llega a los 10.000 ¿Cree que una lengua tan pequeña puede llegar a desplazar en algún momento al castellano?

- Sí, y por una sencilla razón: porque no lo han planteado como un derecho individual sino territorial. Las leyes hablan de “territorios de uso predominante de las lenguas”, de “zonas de utilización histórica”, pero no se atreven a decir cuáles son, sino que lo posponen a lo que decida el Consejo de Lenguas. Pero además de esto hay un apartado realmente tenebroso que determina la existencia de zonas de “transición-recepción”, esto es, de aquellas ciudades que no pertenecen a estas zonas de utilización de lenguas propias, pero que teóricamente son receptoras de ciudadanos aragoneses con una lengua distinta al castellano, lo que inevitablemente nos remite a Zaragoza. En cuanto entre en vigor esta ley todos estos grupos ligados al PAR y a la Chunta empezarán a dirigirse a la administración en aragonés, y esta deberá responderles en su lengua. Está claro que va a ser un proceso lento pero la cooficialidad puede acelerarlo.

- ¿Cuál es la principal pega que plantean a la cooficialidad?

- Una vez que la Administración declara una lengua como cooficial, esta se introduce en la enseñanza. Inmediatamente después de la Ley de Lenguas, viene la de educación, que es la que concretará todos esos aspectos.

- ¿Cómo cree que debería incorporarse el catalán y el aragonés a la enseñanza en Aragón?

- Somos partidarios de la promoción y del fomento del aragonés (el catalán no hace falta, ya que en la zona oriental ya existen multitud de asociaciones culturales pancatalanistas espléndidamente financiadas por la Generalitat e incluso apoyadas por el Ministerio de Educación y por la Diputación Provincial de Huesca). Sin embargo, pensamos que todas las leyes de normalización que se han hecho en España se han concebido desde unos principios totalmente equivocados. Se les ha dado la iniciativa a los nacionalismos, que a partir de la lengua desean crear una serie de entidades nacionales. Debería haberse enfocado de una forma similar a como se ha hecho en Europa, donde se han fomentado y promocionado las lenguas regionales pero con ciertos límites. La propia Carta de las Lenguas Europeas reconoce que España es el lugar que más protege y fomenta sus lenguas, y sin embargo está recibiendo continuos ataques por tener grupos ligados a los nacionalismos.

- El principal motivo de discusión que ha impedido que la Ley de Lenguas salga adelante antes ha sido la discusión entre si lo que se habla en Aragón Oriental es o no catalán. ¿Qué opina?

- El PAR, el PP y la No Hablamos Catalán no ponen en cuestión la política de cooficialidad, sino que sólo discuten acerca de si lo que se va a oficializar es el catalán o “modalidades lingüísticas aragonesas”. Pero este no es un asunto baladí, ya que hay muchos puestos de trabajo en juego. El tema de catalán o de no catalán ya está resuelto. Hace un tiempo, el Tribunal Supremo dictaminó que a efectos filológicos, el valenciano y el resto de modalidades de Baleares y de Aragón pertenecen al tronco del catalán. Esa es la realidad. El problema es la cooficialización.

- ¿Cuál cree que es el origen de esta polémica?

- Para entender esto hay que comprender cuál es la situación política de Aragón. El PSOE de Aragón está controlado por un grupo muy reducido que pertenece a la zona oriental: el presidente Marcelino Iglesias; el matrimonio formado por Eva Almunia y Carlos Escó (el poder fáctico en la sombra); el presidente y el vicepresidente de la diputación de Huesca; la jefa del gabinete de prensa (María Cuartero, la esposa de Marcelino Iglesias); y el alcalde de Camporrels, Pascual Antillach, director del gabinete de prensa. Este es el grupo que controla y domina en el PSOE de Aragón. Además, algunos de ellos están ligados a Òmnium Cultural, aunque intentan que no se sepa. El propio Marcelino Iglesias fundó la sede de Òmnium en la Ribagorza oscense. Sin embargo, Marcelino sólo es una comparsa. En estos momentos está de retirada y el PSOE de Aragón está preparando el terreno para Eva Almunia. Ella fue consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón y en estos momentos está como secretaria de Estado en el Ministerio de Educación y en la Oficina de Desarrollo Autonómico. Además, es mano derecha de Zapatero. Lo que este grupo pretende es crear una situación en la cual el nacionalismo catalán no se vea molestado ni enfadado por las leyes lingüísticas de Aragón. Lógicamente esto son terrenos minados, por lo que había que hacerlo con pies de plomo; esa es la razón por la que el PSOE dejó que fuera Chunta quien tomara la iniciativa.

- ¿Qué medidas tomarán una vez que se apruebe la Ley de Lenguas?

- La estudiaremos y formaremos un equipo jurídico para que todas aquellas personas que vean marginados sus derechos puedan pedir consejo. Asimismo, se la enviaremos a juristas con experiencia en este campo para que nos digan si esas leyes dejan unos recovecos y unas fisuras por las cuales se puede introducir perfectamente la ley de política lingüística catalana. Además, elaboraremos propuestas políticas que trasladaremos a partidos que consideramos receptivos a nuestras posiciones.

Puede leer la entrevista aquí

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Aragón, colònia nostra!

Al final ha visto la luz, tan mareada como desconocida, una ley de lenguas para Aragón. Sin duda, la mayoría de los ciudadanos, absurda, lógica y convenientemente, ajenos a ella y a lo que supondrá en sus vidas.
Sin entrar en más detalles, y aplicando (con repugnancia) la misma perversa dialéctica de lenguas propias vs. oficiales, mientras quedan en el baúl del olvido social lenguas madres, vehiculares y comunes, la historia no emerge, en esta ley, de la pezuña cota que marcaron similares leyes en vecinas regiones. Porque bien podíamos los aragoneses y riojanos haber exigido que a lo que llamamos Castellano, o Español, se hubiese denominado en realidad como Riojano‐Aragonés, ya que el origen histórico, territorial, y su expansión natural por el valle del Ebro, marcan un idioma tan telúricamente nuestro como las variantes hermanas de las Lenguas de la Franja o las Lenguas Pirenaicas. En Aragón ya se hablaba, es más, ya se creaba, amaba y luchaba por la libertad en Español, Castellano, Riojano‐Aragonés, o como lo quieran llamar, antes de que se cerrase el actual mapa de nuestra región, lo que sin duda le otorga la calidad de lengua nuestra, de lengua propia, calidad que le niega la ley.
Hemos asistido a un parto, no sólo de una ley, sino de la imaginería que el nacional‐socialismo prepara para nuestra región. El denominar como Aragonés al ayuntamiento de las lenguas que se dan en los valles pirenaicos, no sólo supone la muerte de esa riqueza plural, bajo las botas de una “academia” sino que, además, trasluce que el Español no es la lengua que alumbraron hace ya siglos, como intentaba bosquejar en el párrafo anterior, nuestros abuelos en nuestra tierra, sino una suerte de imposición, que conquistadores castellanos de roñosas y fascistas armaduras, lograron a sangre y fuego. Y que los únicos aragoneses auténticos son los pirenaicos, o en su defecto, aquellos que hablen esa fabla, y que resisten, en un montañoso rincón, ahora y siempre, al extranjero invasor, a imagen y semejanza de los geniales cómics de Astérix.
Y es que las aventuras del galo, suponen, por sí mismas, toda la profundidad argumental que el nacionalismo en España necesita para germinar, y toda su solvencia intelectual.
Y respecto del Catalán, llama la atención que el Partido Popular, con buen criterio, se esfuerce y recoja miles de firmas contra la imposición del mismo, pero que sin embargo no sume una sola contra la imposición del “Aragonés”. O si se movilizaría de igual manera si la lengua por imponer fuese el Fragatino. Bueno, llamaría la atención del despistado ciudadano que no haya visto lo que el PP ha propugnado para Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana… Para nosotros, un suma y sigue lógico y muy consecuente.
Y lo que más brilla entre las líneas de la ley, es la sonrisa y la mano del nacionalismo socialista catalán. Las oposiciones de la década que estamos a punto de estrenar valorarán para el empleo público aragonés un conocimiento de la lengua vecina que abrirá una gran ventana de clientelismo a los ciudadanos de determinadas regiones (ya de por sí agraciadas con los mejores de nuestra tierra), a la par que cerrará nuestro propio funcionariado al aragonés medio. ¿Pensaban que un vecino no podía hacer que diésemos de comer a sus hijos antes que a los nuestros?
Además, de nuevo, la normalización a Catalán de todo el rosario de hablas de la Franja, (distintas entre sí hasta el punto de no haber acuerdo de en qué lado de las fronteras lingüística/académicas caen algunas de ellas) no sólo extermina cualquier atisbo de la nominal propiedad aragonesa que tuviesen, sino aún de la que tuvieren, al instaurar el subliminal silogismo de que si el Aragonés se habla en Aragón, el Catalán en Cataluña. Y lo que es Cataluña, lógicamente, no es Aragón. Un alto precio, toda la Franja, han pagado Chuntas por su cuota de poder, al PSC de Iglesias. Mientras, el PSA de Labordeta, toma toda la semblanza de un bien de la franja. ¿El sarcófago de Nachá, quizás?

R. L.

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Leyes para regiones, imposiciones para ciudadanos.

Las Cortes de Aragón van a abordar la Ley de las lenguas propias de Aragón. La propuesta legislativa del Partido Socialista se aprobará con enmiendas de CHA e IU lo que supone el apoyo de todos estos partidos a una política identitaria basada en una falacia. La normalización lingüística de Aragón reconocerá los derechos civiles y democráticos de las minorías con lenguas propias. Ante el desconocimiento e indiferencia de la sociedad aragonesa, entrará en vigor una ley que quebrará la cohesión social y económica de Aragón y consolidará un nacionalismo radical aliado con el resto de nacionalismos que no aceptan a España como una comunidad nacional.

El Dictamen de la Comisión de estudio de política lingüística en Aragón se aprobó en las Cortes el 6-11-1997. Comparecieron representantes de entidades sociales catalanistas, expertos en aragonés y catalán, dos eurodiputados -vasco y catalana- y políticos de comunidades autónomas con leyes de normalización lingüística. Su contribución en la redacción del Dictamen une el modelo de cooficialidad propugnado por los participantes con el derecho de las minorías lingüísticas defendido por organismos internacionales, obviando que los sujetos de derecho son las personas y no los territorios.

La proposición socialista en Aragón surge en una coyuntura de hegemonía de partidos nacionalistas. Los pactos entre nacionalistas y socialistas en Cataluña, Baleares y Galicia expulsaron al castellano de la vida institucional y pública de esas comunidades y los castellanohablantes son marginados por hablar la lengua oficial del Estado y no la propia del territorio autónomo.

Las leyes de normalización lingüística promulgadas por la derecha nacionalista en Cataluña (CiU) y País Vasco (PNV), y por el PP en Navarra, Galicia, Valencia y Baleares con mayorías parlamentarias absolutas son constitucionales porque J. Mª Aznar, en contra de la opinión de muchos juristas, presionó al Defensor del Pueblo para no presentar recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Política Lingüística de la Generalitat. Los derechos fundamentales de los españoles garantizados por la Constitución no lo están en las normativas autonómicas.

La Constitución proclama la existencia del castellano y de otras lenguas españolas, patrimonio cultural que se debe preservar. Durante la Transición los nacionalistas se acogieron al derecho de uso de sus lenguas maternas para implantar el bilingüismo en la educación y administración. En Cataluña pronto afloró la intención del nacionalismo de imponer el monolingüismo catalán excluyendo al español (lengua materna del 70% de la población). El subterfugio utilizado para legitimar la exclusiva inmersión en catalán, fue sustituir el término lengua materna por lengua propia, del territorio, histórica, de uso predominante o señal de identidad del país. El castellano es la lengua oficial del Estado y por tanto foránea del territorio sobre el que se legisla, negando así el derecho de la mayoría a estudiar y vivir en su lengua materna.

Como el resto de leyes de cooficialidad de lenguas vernáculas, la proposición de ley del Partido Socialista aragonés, alineada con los planteamientos de Omnium Cultural, niega al español su condición de lengua materna.

Los aragoneses deben saber que bajo la protección y fomento las lenguas de Aragón utilizadas habitual o esporádicamente por unas cuarenta mil personas, se pretende que la cooficialidad del catalán en la Franja facilite su futura incorporación a los Países Catalanes, y la del aragonés propicie, con el progresivo arrinconamiento del español, un proyecto nacionalista identitario en Aragón.

Las consecuencias sociales serán enormes. La ley considera al español una lengua impropia de Aragón por lo que los derechos de la mayoría de castellanoparlantes se restringirán con, p. ej., trabas lingüísticas para el acceso al empleo público. En lo económico se propicia la fragmentación laboral y del mercado interior, y que enormes partidas económicas se destinen a aplicar la ley y a subvencionar a personas y entidades públicas y privadas que hallarán en la cooficialidad un maná inagotable.

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