Octubre 2009, Carta de Opinión de la Asociación Lengua común que la Prensa en Aragón no publicó

En Noviembre de 2009 la Asociación Lengua Común envió una carta de opinión a un influyente periódico de Aragón, a propósito de la inminente aprobación de la Ley de Lenguas del PSOE-PAR ( Diciembre 2009).
Esta carta no fue publicada por el veto de un partido, pero hoy, noviembre 2015 , sirve para analizar la actualidad. El Ejecutivo 2011- 2015 PAR (patrón)- PP (comparsa), ha sido un paréntesis cantinflero.
Reproducimos la citada carta
Muy pronto las Cortes de Aragón abordarán la Ley de las lenguas propias de Aragón. Se da por descontado que la propuesta legislativa del Partido Socialista será aprobada con enmiendas de CHA e IU que permitirán el apoyo legislativo de estos partidos e instaurar una política identitaria cimentada en una falacia, la normalización lingüística de Aragón reconocerá, por fin, los derechos civiles y democráticos de las minorías aragonesas con lenguas propias. Ante el desconocimiento y la indiferencia de la sociedad aragonesa entrará en vigor una ley que durante su desarrollo desembocará en la quiebre de la cohesión social y económica de Aragón y la consolidación de un nacionalismo radical aliado con toda la constelación de nacionalismos ibéricos que no aceptan que España exista y sea una comunidad nacional.
Las Cortes de Aragón aprobaron en noviembre de 1997 el Dictamen de la Comisión de estudio de la política lingüística en Aragón. Entre los comparecientes ante la Comisión destacan las aportaciones de los representantes de las entidades sociales catalanistas, las intervenciones de expertos en aragonés y catalán, la opinión de dos eurodiputados- vasco y catalana- y los consejos de políticos de comunidades autónomas con leyes de normalización lingüística. Su contribución fue determinante en la redacción del Dictamen, donde se liga el modelo de cooficialidad propugnado por los intervinientes con los derechos de las minorías lingüísticas defendida por los organismos internacionales, obviando que estos derechos son de las personas y no de los territorios, sujetos de derecho de las leyes de normalización autonómicas.
La proposición socialista para Aragón surge en una coyuntura relevante, la hegemonía de los partidos nacionalistas, los pactos políticos de nacionalistas y socialistas en Cataluña, Baleares y Galicia han expulsado al castellano de la vida institucional y pública de esas comunidades y los castellanohablantes se ven confinados a ser un colectivo marginado por hablar la lengua oficial del Estado, pero no la propia del territorio autónomo. La gran herramienta ha sido las leyes de normalización lingüística. Todas han sido promulgas por la derecha, nacionalista en el caso de Cataluña y País Vasco PNV Y CiU, y el PP en Navarra, Galicia, Valencia y Baleares en una situación de mayorías parlamentarias absolutas. Son leyes constitucionales porque quién tenía capacidad para recurrirlas no lo hizo a pesar de la opinión de muchos juristas. Aznar Presidente sobrepasó la inhibición cuando coaccionó al Defensor del Pueblo Alvárez Miranda para que no presentara recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Política Lingüística de la Generalitat. Así se explica que derechos fundamentales de los españoles garantizadas por la Constitución no tienen cabida en normativas autonómicas.
La Constitución proclama que además del castellano existen otras lenguas españolas, un patrimonio cultural que se debe preservar. Durante la Transición los nacionalistas se acogen al derecho de usar y recibir la educación en sus lenguas maternas para implantar el bilingüismo en la educación y las administraciones. En Cataluña muy pronto quedó patente que el objetivo final del nacionalismo era imponer el monolingüismo en catalán y la exclusión del castellano, lengua materna del 70% de la población catalana. Utilizaron un subterfugio para legitimar la inmersión exclusivamente en catalán, las leyes lingüísticas obviaron el término lengua materna para hablar de lengua propia, del territorio, histórica, de uso predominante, seña de identidad del país…. El castellano es legalmente arrinconado por no reunir esas condiciones, su lugar es la lengua oficial del Estado pero foránea del territorio y a gran parte de los ciudadanos se les niega el derecho de estudiar y vivir en su lengua materna.
Las leyes autonómicas de cooficialización de lenguas vernáculas niegan al castellano su condición de lengua materna. Igual que la proposición de ley del Partido socialista, de Aragón, claramente alineada con los planteamientos de Omnium Cultural.
Los ciudadanos aragoneses deben ser advertidos, con el pretexto de la necesaria protección y fomento cultural de las modalidades lingüísticas de Aragón, utilizadas habitual o esporádicamente por unas cuarenta mil personas según los cálculos más optimistas, se busca que la cooficialidad del catalán en las comarcas de la Franja facilite su futura incorporación a los Países Catalanes y con la cooficialidad del aragonés un paulatino desplazamiento del castellano y el fortalecimiento de un proyecto nacionalista identitario en Aragón.
Las consecuencias sociales serán enormes, entre otros que una mayoría abrumadora de aragoneses vean restringidos sus derechos por tener como lengua materna el castellano, que la Ley considera impropia de Aragón ,las trabas lingüísticas que encontrarán para acceder a puestos de trabajo de la Administración e Instituciones de Aragón..En lo económico, fragmentación del espacio laboral, segmentación del mercado interior y cuantiosas partidas presupuestarias para aplicar la Ley y subvencionar a las numerosas personas, entidades, asociaciones, fundaciones, gabinetes y empresas que encontrarán en la cooficialidad un maná.inagotable.
La Asociación Lengua Común sostiene que el castellano es la lengua materna del 99% de los aragoneses incluidos los inmigrantes latinos y elemento de integración del inmigrante., así mismo, es lengua propia , histórica y de uso predominante en Aragón, hecho inadmisible para el Partido Socialista y los sociolingüístas del irredentismo.