La Asociación Lengua Común quiere denunciar la gravedad de las declaraciones del nuevo Presidente de la DGA, Javier Lambán, de no acatar íntegramente la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Desde la Asociación ya denunciamos que era absolutamente lamentable, por parte del anterior Gobierno de Aragón, la tibieza a la hora de aplicar el programa con el que se comprometieron ante sus electores y la demora en sacar herramientas legislativas que previniesen los abusos que en materia educativa traen las políticas lingüísticas identitarias.
Ahora, ante un hecho más grave, como el que supone, directamente, el anuncio de considerar papel mojado leyes sancionadas por el Senado del Estado Español, en la Asociación creemos que se está cruzando la línea de lo que entendemos debe ser un Estado de Derecho.
Nos tememos que el objetivo del actual ejecutivo aragonés es pisar el acelerador en políticas identitarias que tienen a la lengua como principal estrategia y sabemos por la experiencia en otras comunidades vecinas que eso sólo trae división entre los ciudadanos, sufrimiento por parte de padres, docentes y estudiantes, bajada en la calidad educativa, sectarismo político y mayores esfuerzos económicos a una ciudadanía que ya está en precario.
Tememos, igualmente, que no tardarán en aparecer herramientas para el control totalitario de la ciudadanía como podría ser una Dirección General de Política Lingüística que, desde la Consejería de Educación, dicte a los futuros aragoneses la lengua que deben hablar en función de su ubicación en el mapa aragonés y, por qué no decirlo, de los intereses políticos de partidos de Comunidades Autónomas y Forales vecinas.
Acatar la ley sólo cuando ésta sirva a los intereses de una determinada opción política nos retrotrae a un periodo de la historia de España de muy amargo recuerdo.