La Asociación Lengua Común valora como muy decepcionante el borrador de la ley de lenguas promovido por la Consejera de Educación del Gobierno de Aragón.
Desde nuestra Asociación siempre hemos defendido que la única política lingüística válida es aquella que no existe. Con la nueva redacción de la ley el PP aragonés demuestra que no cree en la libertad sino en regular, al igual que sus homólogos valenciano, catalán o gallego, y traiciona a sus votantes al romper sus promesas electorales.
Incumpliendo sus promesas electorales, el PP, de facto, en vez de derogar dicha ley, la enmienda. Esto implica que, políticamente, se acepta que la lengua debe ser objeto de ley, y supone que se asuman, siquiera parcialmente, las posiciones del anterior ejecutivo al respecto.
Por ello, lamentamos que se mantenga, aunque reformulada, la figura de un instituto lingüístico público, no sólo por lo que supone de ofensa ante una situación económica como la actual, sino porque deja establecido que un ámbito de la libertad del individuo como es su propia elección lingüística, puede ser regulado por el poder político de turno.
Anecdóticamente, valoramos igualmente de forma negativa que se denomine aragonés oriental a las diversas manifestaciones dialectales del catalán u occitano que se dan en esas regiones aragonesas, puesto que deja entrever que, si se trata de una única lengua, sea su denominación cual sea, la variabilidad es anormal y la función de una academia no podrá ser otra que “normalizarlo” amputando de las costumbres y usos lingüísticos aragoneses una riqueza a la que no tenemos porqué renunciar. Y deja la puerta abierta a esas políticas a posteriores gobiernos.
Y por exactamente los mismos motivos, nos parece igualmente desafortunada la denominación de aragonés septentrional a las diversas lenguas pirenaicas. Aprovechamos para denunciar, de nuevo, que no se le puede otorgar la categoría de lengua regional con la nomenclatura de “aragonés” a unas lenguas cuyos orígenes estriban en la inaccesibilidad de su endemismo, y por ende, son privativas sus respectivas excepcionalidades territoriales (no en vano sus denominaciones van por valles).
Creemos que no es, en absoluto, momento para hacer política lingüística alguna, y consideramos que el mejor ámbito para academias lingüísticas es el de la propia sociedad civil.