Ley de Lenguas de Aragón: Las Cortes de Aragón decretan, por fin, que el castellano no es lengua propia de los aragoneses.
Durante la tramitación de la Ley de Lenguas de Aragón, todos los grupos parlamentarios, todos, han coincidido en no reconocer el castellano como lengua propia del ciudadano aragonés. Esta unanimidad es lo más relevante de las intervenciones parlamentarias, aunque ha quedado eclipsada por la escaramuza particularista del “no hablamos catalán, hablamos modalidades aragonesas”.
Las Cortes de Aragón aprobaron en noviembre de 1997 el Dictamen de la Comisión de estudio de la política lingüística en Aragón. Entre los comparecientes ante la Comisión destacan las aportaciones de los representantes de las entidades sociales catalanistas, las intervenciones de expertos en aragonés y catalán, la opinión de dos eurodiputados- vasco y catalana- y los consejos de políticos de comunidades autónomas con leyes de normalización lingüística. Su contribución fue determinante en la redacción del Dictamen, orientado a utilizar las lenguas locales en la construcción de proyectos identitarios.
En 1997 ya teníamos datos sobre los efectos del desarrollo de las leyes autonómicas de normalización lingüística, por cierto las de Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra elaboradas por el PP en situaciones de mayoría absoluta. La Asociación Tolerancia de Cataluña ya informaba de la conculcación en Cataluña de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución en la política lingüística de los nacionalistas, con la complacencia de los gobiernos de González y Aznar. Las Cortes de Aragón hubieran debido llamar como comparecientes a representantes de países europeos que habían concedido la oficialidad a lenguas minoritarias a partir de lo obvio, que en sus naciones existe una lengua común, propia de todos los ciudadanos, y las lenguas minoritarias, usadas en algunas zonas regularmente por una parte de la población en sus relaciones familiares y sociales, están protegidas oficialmente en las instituciones, administración, medios de comunicación y educación pública. En los territorios con lenguas locales, la enseñanza es en la lengua materna que los padres decidan, los derechos lingüísticos pertenecen a las personas y la lengua troncal de la comunidad nacional no es expulsada del espacio oficial y político. Este modelo de protección y fomento cultural de las lenguas regionales es eficaz y excluye el secesionismo sociolingüista.
Por el contrario, los partidos aragoneses, con la Ley de Lenguas abrazan sin remilgos la estrategia del soberanismo nacionalista: la lengua es del territorio, no de los ciudadanos, los derechos históricos priman sobre los derechos democráticos de la Constitución, la lengua materna no se reconoce, se excluye la lengua común de todos los aragoneses y se discrimina a quienes tengan el castellano como lengua propia. El aragonés y el catalán son las lenguas divisa de las Cortes de Aragón. El efecto inmediato es que el Aragón Oriental se incorpora al ámbito lingüístico, laboral y geopolítico de los Países Catalanes.
Es el resultado no previsto por un regionalismo que lideró durante décadas una identidad aragonesista, basada en considerar al castellano como lengua ajena a la personalidad histórica de Aragón, crucial para su propósito de tener la exclusiva autonomista y un acceso preferente a las prebendas políticas y canonjías clientelares previstas con la oficialización de la constelación de hablas municipales y comarcales amparadas como modalidades de lenguas de Aragón. El golpe de mano con la Ley de Lenguas del sector pancatalanista del PSOE ha truncado la empresa.
Esta cuestión ha originado ruidosas trifulcas partidistas. Por lo demás, ningún partido ha defendido en las Cortes de Aragón que existe una lengua común de todos los aragoneses, que es la lengua materna del 98% de la población y que esa lengua, el castellano, es propia y predominante en esta Comunidad y cimiento de los rasgos históricos y culturales de Aragón.
Asociación Lengua Común.