La Asociación Lengua Común reclama una señalización viaria racional y no identitaria

La Asociación Lengua Común, ante la Delegación del Gobierno en
Aragón, solicita que la lengua a utilizar en la señalización viaria
atienda a la norma que marca el uso y el sentido común, y no se
pliegue a demandas minoritarias identitarias de carácter político.
Por ello presenta instancia en Zaragoza, ante el Delegado del
Gobierno en Aragón, con el texto siguiente:

La Asociación Lengua Común, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Aútonoma de Aragón con número de registro 01-Z-2600-2009, incorporada a la Plataforma “Hablamos Español”, y en su nombre Lorenzo Castelereanas Puyó, (NE: obviados datos personales), en ejercicio de sus derechos y cumplimiento de su objeto social,

EXPONE:

Mediante dos Decretos de 27 de junio de 1980 se autorizó a los entonces ayuntamientos de Gerona y Lérida a cambiar el nombre de sus municipios por los de su origen catalán, que son los de Girona y Lleida, respectivamente.

Como consecuencia de ello, el año 1992 se extendió la denominación en catalán a esas dos provincias mediante la aprobación de la Ley 2/1992, de 28 de febrero para acomodar la denominación oficial de las capitales a las del conjunto del territorio provincial al que dan nombre.

Otro tanto ha pasado con otras capitales y provincias españolas, que han pasado a denominarse oficialmente con sus nombres en las lenguas autonómicas propias y no en español que es la lengua común y mayoritaria, incluso en sus propios territorios.

No obstante, la antedicha ley 2/1992 introducía una disposición adicional que  dice lo siguiente: “En los libros de texto y material didáctico y en otros usos no oficiales, cuando la lengua que se utilice sea el castellano, el topónimo correspondiente podrá designarse en esta lengua”. Dicha disposición adicional establece un criterio de racionalidad que debería prevalecer siempre en todas aquellas comunicaciones o informaciones de carácter no oficial destinadas a un público mayoritariamente castellanohablante o hispanohablante, que conoce a todas esas poblaciones y provincias por su nombre español y no en las respectivas lenguas autonómicas, cuyo conocimiento y uso no es además obligatorio.

Es por eso que entendemos que todas aquellas señales de tráfico denominadas de dirección, que indican los nombres de poblaciones situadas en itinerarios que tienen su origen en territorio aragonés deberían estar rotuladas en español, que no sólo es el idioma oficial de la Comunidad Autonóma de Aragón, sino el idioma comúnmente hablado por todos sus habitantes y por la mayoría de los usuarios de nuestras carreteras procedentes de otras comunidades. Entendemos que el objetivo principal de la señalización viaria es, además de mejorar la seguridad de la conducción, ofrecer información útil a los usuarios. Esa información, para que sea útil, debe ser ofrecida, como ocurre y se exige en múltiples ámbitos de la vida (folletos y documentación comercial, manuales de uso, prospectos de medicamentos, clausulas de garantía de productos y servicios…) en el idioma común y mayoritario de los usuarios. Con ese mismo criterio, el nombre que debería aparecer en las señales de dirección no ha de ser el nombre oficial sino el nombre de uso común de la población y usuarios a los que se dirige y a los que se pretende ofrecer la información.

Entendemos igualmente que la rotulación de esas poblaciones en las lenguas autonómicas, aunque las señales de tráfico se hallen fuera de sus territorios e informen a usuarios que mayoritariamente hablan español, supone una concesión gratuita e innecesaria a las demandas identitarias de esos territorios (que no tiene ningún sentido fuera de ellos) y no un servicio de información útil para los usuarios de esas vías; y que en todo caso puede ser más útil si se hallaran escritas en español. Ese, la utilidad, debiera ser el criterio predominante en todo caso.

La situación resulta además enojosamente discriminatoria cuando observamos cómo en carreteras nacionales en territorio catalán aparecen los nombres de nuestras poblaciones aragonesas rotulados en catalán, pese a que el nombre oficial de las mismas es únicamente español. Así, es posible ver en las salidas de Lérida cómo el nombre de Zaragoza aparece rotulado como Saragossa y el de Huesca como Osca. En ambos casos, en nuestro territorio y en el suyo, prevalece el catalán. En el nuestro para nombrar a sus poblaciones, y en el suyo para nombrar a las nuestras. Resulta absurdamente discriminatorio que en todos los casos, en su territorio y en el nuestro, se haga predominar a la lengua minoritaria sobre la mayoritaria, y los derechos de la minoría de hablantes en catalán sobre los de la mayoría de hablantes en español.

Por todo ello, SOLICITA:

Que eleve esta petición a la Dirección General de Tráfico para que la rotulación de poblaciones en las señales de dirección ubicadas en territorio aragonés se realice en español (castellano), la lengua oficial del Estado, oficial también en nuestra comunidad autonóma, y hablada de forma mayoritaria por nuestra población y por los usuarios de nuestra red viaria.

En particular, el nombre de Lleida que aparece en la salida de carreteras y autopistas de nuestro territorio que se dirigen hacia Cataluña debería hallarse escrito como Lérida. Y en caso de que se decida mantener ambas denominaciones, en español y en catalán (Lérida y Lleida), otro tanto debiera exigirse en la rotulación de nuestras poblaciones en territorio catalán.

Zaragoza, 17 de octubre de 2017

Fdo.: Lorenzo Castelereanas Puyó

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Oligocracia vs democracia

Uno de los principios obvios de la democracia es que lo que a todos
concierne entre todos se decide. ¿Concierne una eventual secesión de
Cataluña a todos los españoles? Evidentemente sí. Las consecuencias de
una decisión de tal entidad son gravísimas, importantes y de efectos
trascendentales para ambas partes, para esta generación y para las
futuras. Las consecuencias económicas afectarían a ambas partes, con
importantes caídas del PIB y un más que seguro empobrecimiento mutuo.
Además hay que resolver multitud de asuntos: la definición de las
fronteras, el pago de la deuda, la nacionalidad de sus habitantes, la
titularidad de las infraestructuras, la gestión de las cuencas
hidrográficas compartidas, aranceles, depósitos bancarios, seguridad
social y pensiones, funcionarios… La lista es interminable y las
negociaciones muchísimo más complejas que las del Brexit. Unas
negociaciones de esa entidad requerirían años y como ha dictaminado la
Corte suprema de Canadá , ni siquiera una vez constatada una mayoría
clara a favor de la secesión (en el caso de Quebec) es seguro que las
negociaciones hubieran de desembocar inevitablemente en ella. En
cualquier caso, los términos y temas de la negociación serían decididos
por el Estado federal canadiense y no por la provincia que desea
segregarse. Algo, como se ve, muy alejado de la declaración unilateral
de independencia que pretenden en Cataluña. No hay precedentes de que
nunca ningún Estado creado mediante secesión unilateral haya sido
admitido en las Naciones Unidas contra la voluntad manifiesta del
gobierno del Estado anterior. El gobierno catalán pretende arrogarse de
forma absolutamente antidemocrática el derecho a decidir sobre un
asunto de consecuencias gravísimas sobre un conjunto de ciudadanos muy
superior a la propia población catalana. Y decidir unilateralmente por
ellos, sin su concurso ni participación. Y lo hacen además invocando,
de forma absolutamente impropia, la democracia, cuando lo que están
planteando es una oligocracia descarada y obscena. Pero lo más curioso
es que este disparate es compartido por un partido cuya cúpula
dirigente son o han sido profesores de ciencias políticas. ¡Qué habrán
enseñado a sus alumnos! Es evidente que a los nacionalistas les gusta
más la oligocracia que la democracia, siempre que ellos puedan ser los
oligarcas.

J. C.
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La Asociación Lengua Común apoya y acude a las manifestaciones convocadas por la Fundación DENAES

La Asociación Lengua Común, ante el desafío secesionista catalán planteado en los términos del referéndum ilegalmente convocado para el próximo uno de Octubre por la Generalidad, quiere mostrar su más profundo rechazo al mismo y su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado secundando las manifestaciones que, frente a muchos Ayuntamientos de toda España ha convocado la Fundación por la Defensa de la Nación Española.

La Asociación Lengua Común se suma así a decenas de Asociaciones y Fundaciones de toda la Nación:

FUNDACIÓN VILLACISNEROS, CÍRCULO BALEAR, FUNDACIÓN VALORES Y SOCIEDAD, CLUB DE LOS VIERNES, HAZTE OIR, COMUNIDAD JUDÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, CAÑAS POR ESPAÑA, CATALUÑA SOMOS TODOS, ENRAIZADOS, ESPAÑA GENEROSA, ESPAÑOLES DE A PIÉ, ACOM, FORO DE GUARDIAS CIVILES, FUNDACIÓN UNIDAD + DIVERSIDAD, GALICIA BILINGÜE, HACEMOS PATRIA, JOVENES POR UNA CAUSA, SOM MENORCA, SOMOS ESPAÑA, VOCEANDO POR TI SEVILLA, CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA, QUEREMOS, REACCIONA POR ESPAÑA, FUNDACIÓN GUSTAVO BUENO, SESIÓN DE CONTROL, FEDERACIÓN CAIS, CENTRO CULTURAL LA REVUELTA, ASOCIACIÓN DE VECINOS “ASISTENTE ARJONA”, ASOCIACIÓN CULTURAL ADEMAN, ASOCIACIÓN JUVENIL DE DEBATE DAOÍZ Y VELARDE, FORO SEVILLA NUESTRA, ASOCIACIÓN CULTURAL FERNANDO III, DIPUTADO DE DISTRITO, VOCEANDO POR TI VALENCIA, GRUPO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS GEES, FUNDACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, STOP ISIS, PROFESORES POR LA ÉTICA, FAMILIA Y DIGNIDAD, HUMANA, ASOCIACIÓN FORUM VIA AUGUSTA, ASOCIACIÓN ENTIDAD ILIBERRITANA, ESPANYA I CATALANS‏, CONSTITUCIÓN Y LIBERTAD, CIVISMO Y DEMOCRACIA, ASOCIACIÓN CULTURAL ALMEDINA, ASOCIACIÓN CULTURAL RABINDRANATH TAGORE y PLATAFORMA BALEAR LIBRE ELECCIÓN DE LENGUA

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“HABLAMOS ESPAÑOL” presenta su proposición de ley

La Asociación “Hablamos Español” ha presentado hoy en el registro del Congreso de los Diputados, el texto de su proposición de ley de Libertad de Elección Lingüística, para que sea tramitado como iniciativa Legislativa Popular.

“Hablamos Español”, que se presentó públicamente el pasado mes de julio, está integrada por entidades pro libertad de elección de lengua de todas las comunidades bilingües de España. El objetivo de la proposición de ley presentada hoy es blindar los derechos lingüísticos de los hispanohablantes, de manera que existan líneas de enseñanza en español en cualquier lugar del país, que todas las personas puedan ser atentidas en la lengua oficial común por parte de las administraciones públicas, y que se eliminen las trabas y prohibiciones que en la actualidad discriminan a los hispanohablantes en cada vez más comunidades autónomas. Esta ley, homologable a la normativa de todos los países con varias lenguas oficiales, gira sobre el principio de libertad de elección de lengua, garantiza la igualdad de trato entre todos los ciudadanos españoles que proclama el artículo 14 de la Constitución Española, y facilita su verdadera y eficaz libertad de elección de residencia y de circulación por todo el territorio nacional, como establece el artículo 19.

Desde su creación, “Hablamos Español” ha atendido quejas y consultas de toda índole relacionadas con la imposición de lengua: padres de escolares privados del derecho a estudiar en su lengua materna, ciudadanos que ven cómo su lengua es borrada del ámbito oficial, familias que ven dificultada su movilidad dentro del país por la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en español, profesores que no pueden optar a una plaza en las comunidades bilingües, o profesionales de la medicina y de otros ámbitos a los que se restringe su acceso a la función pública.

A lo largo del verano, “Hablamos Español” ha recibido el apoyo de multitud de personas de toda la geografía española, que se han ofrecido a colaborar o a ser fedatarios en la recogida de firmas. El hecho de que un considerable numero de estas personas procedan de comunidades autónomas que no tienen lengua cooficial, indica que van en aumento los ciudadanos conscientes de que este es un problema que nos afecta a todos, no solo por motivos de cambio de residencia temporal o definitiva, sino porque los últimos acontecimientos en Cataluña demuestran que las políticas de imposición de lengua son un elemento esencial que alimenta y beneficia a quienes buscan crear diferencias, conflictos y divisiones.

Una vez registrada la proposición de ley en el Congreso, la Mesa tiene un plazo de 15 días para responder sobre su admisión a trámite. Si todo transcurre sin problemas, tras esos 15 días, la Junta Electoral Central tratará con la comisión promotora los pormenores de la recogida de las 500.000 firmas certificadas, que son necesarias para que la ley pueda ser debatida en el Congreso y, en su caso, ser aprobada por la cámara.

Los integrantes de “Hablamos Español” hacen un llamamiento a los partidos constitucionalistas para que de una buena vez resuelvan este problema. España debe dejar de ser la excepción en una Europa que basa en la libertad de elección sus políticas lingüísticas. Por otra parte, la política de hacer continuas cesiones a los nacionalistas ha mostrado su inutilidad para aplacarlos, bien al contrario los estimula, como lo muestra el actual problema existente con el nacionalismo catalán, que ha tenido en la exclusión del español de la vida oficial y de las aulas un elemento clave. Esto debería llevar a la clase política a reflexionar, y a plantearse una nueva etapa, sin trabas lingüísticas y basada en el derecho de los ciudadanos a decidir qué lengua entre las oficiales quieren utilizar para trabajar, realizar sus trámites, o educar a sus hijos.

“Hablamos Español” ya cuenta con el apoyo de treinta y cinco entidades de toda España y ha creado una red de difusión a través de redes sociales y cuenta con la colaboración de reconocidos blogueros y de intelectuales entre los que se encuentran los filósofos Fernando Savater y Félix Ovejero, y el escritor experto en Educación Javier Orrico. Por otra parte la proposición de ley de “Hablamos Español” también ha recibido la aprobación y apoyo de personas relevantes del ámbito académico, como Félix de Azúa Comella, de la Real Academia Española, Dalmacio Negro, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Serafín Fanjul García, de la Real Academia de la Historia, o Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, así como del prestigioso jurista y Ministro de la Presidencia y de Educación con Unión de Centro Democrático, José Manuel Otero Novas, que vivió la transición a la democracia y la gestación de la Constitución Española.

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Fila 3

El nacionalismo catalán batió este sábado todas sus ya altísimas marcas (por ahora) de manipulación, hipocresía y vileza. Nadie con un mínimo de honradez intelectual podrá considerarlo una sorpresa. Tras la sangrienta masacre terrorista, las autoridades convocaron a los ciudadanos a una gran manifestación, con el lema, mentiroso, “No tenemos miedo”. Primer éxito rotundo: han logrado su asombroso propósito de celebrar una manifestación sin una sola protesta, ni siquiera la más leve alusión al terror o a los terroristas que la causaron. No hay espacio aquí para analizar las profundas implicaciones de esta actitud y las inquietantes perspectivas que se derivan de ella.
La manifestación se organizó cuidadosamente, agrupando a los participantes en 4 sectores bien definidos. En la fila 1, representantes de los muy meritorios cuerpos de seguridad, emergencias y civiles que socorrieron a las víctimas o ayudaron como pudieron. Desde el primer momento estuvo claro que el motivo fundamental de esta disposición era preterir y minusvalorar a las autoridades “españolas” que acudieran a solidarizarse con las víctimas y la sociedad catalana. Ocasión inmejorable, si además y por primera vez en la historia, acudía el Rey. Alguien bien pensante podría creer que se trataba de un motivo noble: ensalzar a los héroes anónimos de la infausta jornada. Y, ciertamente, podría haber sido así, si desconociéramos el sectarismo y la insondable falsedad de los convocantes. Pero el desarrollo posterior no deja lugar para la duda.
En la fila 2 fueron colocadas todas las autoridades. Imprescindible para mantener las apariencias de falsa unidad en la lucha contra el terror. Perfecto para la preparación de la evidente encerrona. Inicialmente la CUP, con su habitual sectarismo, manifestó su intención de no participar si lo hacían el Rey y Rajoy, lo que Puigdemont consideró “muy lamentable”. Él tenía un plan mucho mejor, del que aún se estaban ultimando los detalles con la alcaldesa. Ciertamente lo era, pues la CUP cambió enseguida de opinión, sin dar ninguna razón consistente.
Porque, en esta manifestación, el lugar de honor estaba reservado para la fila 3. Allí se encuadraría a los activistas de la CUP, las asociaciones paniaguadas del “proceso” y la pléyade de tricoteuses felices de participar en la animación. Con la adecuada antelación programaron, en una zona próxima, un acto “alternativo”, para organizar las columnas y repartir el abundante material “espontáneo”, como siempre de magnífica factura. Hecho lo cual, procedieron a “integrarse” en la manifestación general. Por supuesto, no en el lugar de la convocatoria, en Diagonal, sino en el hueco que tenían reservado en el lugar donde se constituiría la fila de autoridades. El plano, captado con todo detalle por las cámaras de tv3, estratégicamente situadas, iba a resultar, sin duda, magnífico: las autoridades “españolas”, con el Rey a la cabeza, aguantando estoicamente toda clase de vituperios, con el telón de fondo de un mar de esteladas y letreros y pancartas que los señalaban como los autores del crimen. Previamente, para ocupar tan grato lugar, habrían de realizar un paseíllo entre dos filas de acosadores, para ser debidamente escarnecidos, pena de telenoticias incluida, en el trayecto entre los vehículos que los trajeran y su lugar en la fila 2 ¿Era pública esa información? A decir verdad, inmejorable.
En la fila 4 se situó a la gente normal. La inmensa mayoría, sin carteles ni banderas. Supongo que la mayoría acudiría impelida por el horror que les causaron los atentados y el afán de solidarizarse con las víctimas. Quizás muchos, también, tratando, de buena fe, de hacer valer ante el mundo el lema de la convocatoria y aparentar el valor del que nuestra sociedad, ostensiblemente, carece. Fueron muchos. Pero, sin necesidad de entrar en ninguna inapropiada guerra de cifras, bastantes menos de los esperados y de los que la ocasión merecía. No deja de resultar significativo.
Grave error el de Solidaritat Civil Catalana, portando banderas españolas cuando no era el momento. Ahora no se trataba de eso. Nada más fácil de manipular para presentarlo como un intento, patético, de contrarrestar lo que era evidente que se avecinaba. Naturalmente, sólo podía servir para que los voceros a sueldo del Régimen, en el paroxismo de la hipocresía buenista que servía de música de fondo al evento, lo utilizaran como muestra de “respeto y tolerancia”. Realmente patéticos, estos sí, los esfuerzos de tv1 por edulcorar o disimular lo inocultable. Error mucho mayor y de consecuencias mucho más graves, que arrastramos desde hace muchos años. Tv3 no necesitaba, apenas, manipular las imágenes ni las entrevistas: el guion y el escenario todo ya se los habían entregado previamente manipulados.
No hay tiempo ahora, aunque la importancia del asunto lo merecería, de analizar el sentido de las pancartas generosamente repartidas por la organización entre los VIP de la fila 3. También unas cuantas en la parte trasera de la fila 1, por si el Rey, haciendo caso omiso del pandemónium organizado a su espalda, se resistía a volver la cabeza. Además de los consabidos catalán e inglés, tuvieron incluso la insólita deferencia de editar en español algunas de las que lo vilipendiaban más directamente. No hacía falta. Nos entendemos perfectamente.
Atendiendo solamente al número, destacaban las del lema oficial “No tinc por”, “No a la islamofóbia” y “La millor resposta LA PAU”. Pero quiero fijarme sólo en una, la verdadera pancarta oficial del evento, de mayor tamaño y caracteres más llamativos que la supuestamente oficial de la fila 1 y colocada en el lugar más importante: el palco de honor de la fila 3. Su texto es el más claro epítome del abismo de falsedad y vileza que ha sido capaz de alcanzar el nacionalismo catalán: “Vuestras políticas, nuestros muertos”. Nosotros y ellos, la perpetua división elemental, punto de partida de todo. Como siempre, ninguna responsabilidad en nosotros, aunque tengan y ejerzan todas las competencias de todo tipo, seguridad incluida y no pierdan ocasión de alardear de actuar de facto como un Estado y de lo preparados que están para ello. Pero la causa de los males siempre está en ellos. Y, acto seguido, lo más vil, el infame uso de los muertos. ¿A qué muertos se refieren? ¿A los dos catalanes, a los de nacionalidad española o a los de otras nacionalidades, según la nauseabunda, que no casual, clasificación del consejero Forn? ¿O, para este uso, son todos nuestros? ¿De quién son los muertos? Difícil sobrellevar la repugnancia que produce tener que escribir sobre esto. ¡Despierten los ciegos que no quieren ver, si es que aún les queda alguna duda de cómo serían sus políticas si alcanzaran a poder imponerlas, como pretenden!
Una consideración final sobre la presencia del Rey, en realidad la razón inicial de que empezase a escribir. Sin duda existían buenas razones para su asistencia a la manifestación y estos días veremos argumentar abundantemente sobre ellas. Pero no había precedentes. Nunca había asistido a una convocatoria de este tipo ¿Debemos deducir que nunca antes se había dado una ocasión tan extraordinaria? Sentado el precedente ¿Asistirá a futuras y es de temer que inevitables convocatorias similares? ¿Quién decidirá y con qué criterios cuáles merecerán la presencia de la Corona, símbolo de todos los españoles, y cuáles no? Las preguntas no son baladíes y su respuesta, inevitablemente, muy espinosa. A las pocas horas del atentado el Rey ya se desplazó a Barcelona. Presidió el minuto de silencio convocado el viernes en la Plaza de Cataluña, recorrió las Ramblas y depósito una ofrenda floral, firmó en el libro de condolencias del Ayuntamiento, presidió el funeral solemne por las víctimas en la Sagrada Familia y visitó y confortó a los heridos en los hospitales (hasta el intento, baldío, de afearle esta última muestra de humanidad llegó la ruindad del Govern). Actividades todas apropiadas a su alta representación, ejecutadas dignísimamente y acogidas con aprobación y gratitud por los ciudadanos. Nadie podrá decir que no estuvo a la altura del papel que le correspondía en momentos tan extraordinarios y dramáticos. Sabiendo (nadie podía ignorarlo, desde luego) lo que se avecinaba ¿De verdad se consideraba necesario y beneficioso someterlo al ultraje y el escarnio que le habían preparado, a él y a todos los españoles, catalanes incluidos, a través de su figura?
J. G.
Zaragoza, 28 de Agosto del 2017
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Lenguas territoriales: La herramienta para desmantelar España

La nación española está sufriendo un ataque despiadado con el objetivo de su destrucción para ser sustituida por múltiples soberanías territoriales, identificadas con las actuales Autonomías, que pertrechadas con la etiqueta de nación o nacionalidad histórica, están consiguiendo que la ciudadanía española desaparezca para ser ocupada por una ciudadanía de ámbito autonómico depositaria en exclusiva de los derechos políticos y que ya no pertenece a España sino al Estado Español. España
como entidad política y cívica es eliminada y se sustituye por Estado Español, una estructura artificial y que para algunos es el instrumento de opresión del conjunto de los pueblos ibéricos.

¿Y cómo hemos llegado a esta grave situación? Cuando hablamos de bipartidismo como elemento definitorio de la política española caemos en el error de circunscribirlo al hecho de que dos Partidos, PSOE y PP, se han turnado en la Presidencia del Gobierno, tejiendo una trama de intereses partidistas con la finalidad de perpetuarse ambos en el feudo político. Es una explicación insuficiente que obvia lo más importante, el bipartidismo en la política nacional consiste en las sucesivas alianzas (PSOE-Nacionalismo Secesionista- Sindicalismo nacionalista), y (PP-Nacionalismos
Secesionistas- Sindicalismo nacionalista) PP y PSOE no han tenido un proyecto nacional español, lo suyo es configurar una sociedad al servicio de sus intereses partidistas y de los sectores que representan. Difícil que puedan coincidir en un objetivo quienes carecen de él, ni siquiera para
pactar unos acuerdos mínimos de gobierno y compromisos nacionales.

Por el contrario, tanto el PP como el PSOE cuando han accedido a la Moncloa, se han apresurado a ofrecer todo tipo de regalías a los partidos nacionalistas, incluso en situaciones de mayoría absoluta, donde no necesitaban apoyos parlamentarios para formar Gobierno o desarrollar el trabajo legislativo.

Estas prerrogativas las han concedido a costa del bienestar económico y derechos del resto de los españoles y socavar la cohesión nacional y la soberanía del pueblo español.

La cesión y entreguismo más grave es adoptar la estrategia de los secesionistas que se fundamenta en la expulsión de la lengua española de muchos territorios de España. El método: negar la lengua materna y sustituirla por unas supuestas lenguas de los territorios (catalán, euskera, gallego, aragonés, aranés, y en estudio el bable y otros). Con estas componendas, el PSOE y PP son los causantes de la exclusión del español (lengua y ciudadano) de muchas zonas de España y responsables de los duros acontecimientos que los españoles sufriremos en unos años.

Felipe González, José Maria Aznar, José Luis Rodriguez Zapatero,Mariano Rajoy, todos ellos han participado en tejer y desplegar la alfombra de la Marcha Verde para la destrucción de España.

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Rotular en español en Cataluña

¿Tienen derechos lingüísticos los catalanes hispanohablantes? Sobre el papel, sí. Y además amparados por la Constitución, la más alta instancia jurídica de nuestro ordenamiento. Todos los españoles, también los catalanes hispanohablantes, tienen el derecho a usar la lengua española oficial del Estado, llamada castellano en la Constitución pero conocida como español en el resto del mundo. La cuestión es, ¿puede ese derecho -y otros- condicionarse o limitarse hasta hacerlo impracticable? Y una cuestión más comprometida, ¿qué debe hacer el Estado los poderes públicos- en defensa de ese derecho -y otros- cuando es conculcado?

La pertinacia del gobierno catalán (tanto da que sea nacionalista, ahora, como socialista, antes) en multar a aquellos comerciantes que rotulan sus establecimientos en español demuestra varias cosas: en primer lugar, la voluntad expresa de las autoridades de esa comunidad por expulsar el idioma español de la vida pública y, en segundo, la impotencia de los poderes públicos españoles para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales en todo el territorio nacional.

Es lamentable que desde la entrada en vigor de la Ley de política lingüística de Cataluña en el año 1998, donde se impone la obligación de rotular o emitir los mensajes de megafonía “al menos” en catalán, no haya sido hasta el año 2012 cuando el Tribunal Constitucional haya sentenciado la inconstitucionalidad y nulidad de las sanciones, fundamentadas además en una ley catalana anterior, la del Estatuto del Consumidor del año 1993. Efectivamente, en ésta se tipifica como infracción “vulnerar los derechos lingüísticos reconocidos por la presente Ley a los consumidores o impedir su ejercicio”, derechos que coinciden sustancialmente con los de la ley de política lingüística: derecho a recibir en catalán toda la información referida a los bienes, productos y servicios, aunque, eso sí, los establecimientos han de estar en condiciones de poder atender a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales. Esas sutilezas jurídicas, el derecho de los consumidores a recibir la información en catalán y la obligación de los establecimientos de atender en las lenguas oficiales, no han resultado ser inocuas, sino, al revés, gravemente lesivas para los comerciantes que rotulan sólo en español -incluso en aquellas localidades donde la inmensa mayoría de la potencial clientela es hispanoparlante-, pero no para aquellos que rotulan sólo en catalán. Quien rotule en español ha de rotular además en catalán, pero quien rotule sólo en catalán no tiene la obligación recíproca. Eso es válido incluso para la emisión de los tickets o justificantes de compra: si pone “precio” y no “preu” será motivo de sanción.

La respuesta de la Generalitat por boca de su portavoz entonces, Francesc Homs (de actualidad ahora), fue clara. La norma declarada inconstitucional ya no estaba vigente en esa fecha y había sido sustituida por otra, que casualmente decía lo mismo que la anterior, por lo que las multas seguirían aplicándose, como así fue. Entre los años 2014 y 2015 las cuantías de las multas se incrementaron un 173%. Además, las entidades independentistas, fuertemente subvencionadas, y activistas especialmente motivados se han convertido en delatores activos que recorren las calles fotografiando y denunciando establecimientos, ahorrando trabajo a los inspectores de consumo que la Generalitat pueda tener en nómina. Actitudes insólitas en cualquier Estado democrático europeo.

Tampoco la entrada en vigor de la ingenua Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que pretendía eliminar las condiciones y requisitos que supusieran discriminación por razón de establecimiento, ha servido para eliminar las multas por este motivo. Durante el pasado año 2016 se han seguido produciendo. La redacción de la Ley hubiera debido ser más explícita, aunque tememos que tampoco así hubiera sido obedecida.

¿Qué hace o piensa hacer el Gobierno de España ante la cuestión? No es un tema menor. Estamos hablando de la desobeciencia a las sentencias del Tribunal Constitucional, del incumplimiento de las leyes y, sobre todo, de la vuneración -que en un Estado de Derecho que se precie es una cuestión gravísima- de los derechos civiles.

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Elecciones

Hace ya tiempo que la situación de España es cada vez más lamentable. Y la vertiente económica, sobre la que lleva tanto tiempo insistiéndose, con ser grave, no es la peor. Más grave me parece el estado de ánimo colectivo y lo que yo denominaría “encanallamiento” de la sociedad, que obstaculiza todo progreso. Pero no es de ese tema de lo quiero hoy hablar. El desencanto, la frustración, la impotencia, la rabia incluso, son reacciones perfectamente comprensibles y fundadas en causas objetivas. Y motivos legítimos y válidos para la acción política. Pero creo que no son los compañeros más adecuados a la hora de decidir el voto. Parto de esta sencilla premisa para desarrollar mi análisis.
Sostengo la tesis de que el voto en unas elecciones debe ser un acto racional. Una ponderación, lo más objetiva posible, de los pros y contras de las distintas opciones (existentes), para decidirse por la que a uno le parece más conveniente, para el conjunto de la sociedad y para sí mismo. No se confunda esta aspiración de objetividad en el análisis con asepsia. La ponderación sólo puede hacerse, naturalmente, dentro del marco filosófico, ideológico y moral de cada uno, y ello da lugar, legítimamente, a la variedad de corrientes del pensamiento político. Ciencia verdadera, no hay más que la Física.
Una disposición, digamos, más altruista, tenderá a poner más el acento en el “bien común”. Pero no hay que condenar con excesiva severidad un punto de vista más centrado en el interés particular. Al fin y al cabo, la conjunción de los intereses particulares es la que conforma el interés general.
Lo que me parece, es que estamos mucho más cerca de sus antípodas que de ese punto de vista racional que propugno. Que el sectarismo es uno de los peores males de nuestra sociedad, temo que bastante mayoritario y cada vez más exacerbado por la demagogia rampante. Y que una cantidad ingente de votos se fundamenta en la animadversión, a veces directamente el odio, que produce el otro. Sin este mal (de la sociedad, no sólo de los políticos) sería inconcebible un bloqueo político como el que padecemos desde hace ya bastantes años, no sólo desde Diciembre. Explicaré una anécdota. Hace ya bastantes años, un buen amigo, impenitente votante socialista, me aseguró que él votaría siempre socialista, “aunque presentasen de candidato a un mono”. Tal aserto me pareció entonces una exageración algo chocante. Hoy me parece sencillamente aberrante. Pero, sin llegar a la caricatura, me parece que es una actitud desgraciadamente muy extendida, especialmente en la izquierda, donde produce con frecuencia llamativos contrastes con la vida particular. Creo que esta actitud es un freno terrible al avance de la sociedad.
Hay pocas cosas que tengan más mala prensa que el cambio de voto o de militancia política. Se comprende el reproche cuando el “cambio de chaqueta” es para arrimarse sin escrúpulos al sol que más calienta, en busca de medro personal. Ejemplos hay sobrados. Pero apenas se admite la posibilidad de evolucionar. Si a una figura de un partido se le “descubre” una militancia anterior en otro, aunque fuera breve o juvenil, es objeto inmediato de todo tipo de anatemas, sin más consideraciones. Esto es tan irracional como la fidelidad de voto, pase lo que pase. Desde las primeras elecciones de la Democracia han pasado muchas cosas. Todos hemos cambiado (incluidos los que se esfuerzan en aparentar que no) y la sociedad lo ha hecho de una forma que nadie hubiera podido imaginar entonces. Desde esta perspectiva sectaria, se es mucho más indulgente, en cambio, con algo mucho más grave: que un partido pueda defender dos cosas totalmente diferentes o antagónicas, según sus circunstancias y conveniencias del momento. El tema de la corrupción es sólo un ejemplo llamativo entre muchos otros. Los forofos encuentran sin mucha dificultad motivos para cambiar de opinión al son de los mandamases, siempre que se sientan amparados por su tribu.
Opino que los millones de ciudadanos que cambiaron su voto para propiciar el gran triunfo de Felipe González hicieron una gran contribución al progreso de la Nación. Lo mismo que los que lo volvieron a cambiar en favor de Aznar, ante el colapso evidente del proyecto felipista. También los que, ante la catástrofe zapateril, otorgaron al PP de Rajoy la mayor concentración de poder político de la etapa democrática. Lástima que la malversara de forma tan lamentable, pero de eso no se puede culpar a los votantes. En cambio, al voto que se ha mantenido imperturbable todo el tiempo, a despecho de las circunstancias, se le podrá calificar de diversas maneras, pero no de racional. Aunque los que lo emiten suelan tenerlo a gala, como si se tratara de una virtud.
Sentado este principio, trataré de analizar la situación en que nos encontramos.
En primer lugar, me parece importante el ámbito de las elecciones que afrontamos. Se trata de elegir el Parlamento de la Nación (Congreso y, no lo olvidemos, Senado, más importante que otras veces), en la esperanza de que serán capaces de formar un Gobierno y poner en marcha una Legislatura que se presenta complicada. Con la Ley Electoral actual, no nos queda más remedio que hacerlo a través de las listas cerradas y bloqueadas que nos presentan los partidos que concurren en nuestra circunscripción electoral. Esto puede ser muy desagradable, pues, con frecuencia, las cúpulas locales o regionales son más lamentables aún que las centrales. Por hablar sólo de mí: cuando yo votaba por Felipe González, me veía obligado, muy a mi pesar, a hacerlo a través del PSC (aunque diré en mi descargo que, por entonces, aún no había traicionado totalmente cualquier principio socialista, en aras del nacionalismo más rancio y retrógrado. Estaba en camino. Comprendo que para alguien que aún se considere, honestamente, socialista, pueda resultar actualmente demasiado duro). En Zaragoza, donde ahora resido, los responsables de Ciudadanos son particularmente penosos (y procelosos). No pude, en modo alguno, darles mi voto para el Ayuntamiento o la Comunidad. Pero sí lo hice (ya con algunas dudas) para el Congreso, en Diciembre. En resumen, creo que un elector racional debe discriminar con claridad los objetivos que persigue en cada elección. Y las posibilidades que tiene de conseguirlos en su circunscripción, especialmente si no es de las grandes. Por supuesto, a los que no tienen más objetivo que que ganen “los suyos” (?), todo esto les da lo mismo.
¿Cuáles son las posibilidades que tenemos en esta ocasión? Me parece que no hay más que las que dicen, con toda razón, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias: un gobierno de centro-derecha o derecha moderada, o uno de izquierda radical. El matiz es importante: por más que se esfuerce la propaganda de la izquierda (la “derecha extrema” de Pérez Rubalcaba etc.), el PP es un partido moderado. Podrá decirse, con más verdad, que es un partido sin principios. Pero eso mismo se traduce en un férreo pragmatismo, incompatible con la radicalidad. El gobierno de izquierdas, como luego analizaré, estará, forzosamente, en manos de Iglesias y sus variados compañeros de viaje, y será, inevitablemente, más o menos radical.
La vía intermedia (la Gran Coalición), parece contar con pocas posibilidades. Sería, sin duda, la más conveniente para la Nación (y para el PSOE, aunque su ceguera les impida verlo). Ya lo era, a partir del momento en que el Sr. Rodríguez empezó a perder el control de la situación. Muchos males se habrían evitado o atenuado (insisto, principalmente los más graves, los no directamente económicos). Pero el sectarismo del que he hablado al principio lo ha impedido totalmente hasta el momento. Y no parece que estemos mejorando. En todo caso, si queda una remota posibilidad, pasa inevitablemente por un resultado catastrófico del PSOE, que lo suma en una profunda crisis, barra a la actual dirección de descerebrados y les haga reflexionar a fondo sobre lo errado del camino que emprendieron, que ya no tienen ni idea de hacia dónde les conduce. Como algunos han dicho muy acertadamente, Podemos es la exuberante cosecha de la siembra del Sr. Rodríguez (y del Sr. Pérez), y acabará con ellos si se siguen obstinando en abonarla. En cualquier caso, aunque el resultado catastrófico se hace cada día más probable, confío muy poco en la rectificación, al menos a corto plazo.
El Gobierno de derecha admite dos variantes:
  • La suma de PP y Ciudadanos alcanza (o casi) la mayoría absoluta y permite la investidura. Una coalición liderada por el PP, con una presencia relativamente fuerte de Ciudadanos (dentro o fuera del Gobierno), permitiría mantener una política económica sensata y emprender un camino de reformas y regeneración de la vida política (temo que muy moderada y bastante alejada, en varios aspectos, de lo que yo desearía). Como efecto colateral no desdeñable, liberaría al PSOE de la prisión en que se halla, permitiéndole pasar tranquilamente a la oposición, con tiempo para meditar. Personalmente, me parece la opción menos mala (aparte de la Gran Coalición), pero no parece muy probable. Lo parecía en Diciembre, pero se malogró, en buena parte debido a los graves errores de Ciudadanos, en mi opinión.
  • La suma no alcanza, pero el PP gana con cierta holgura y el PSOE permite, con su abstención, una legislatura pactada, con unos objetivos y plazos acordados. Es el sucedáneo felipista de la Gran Coalición, que su orgullo no le permite sostener. Trago complicado para el PSOE, que incluye defenestrar previamente a Snchz, deja la iniciativa en manos de Podemos y augura una legislatura muy incierta. Tiene el correlato de que si la suma de la izquierda supera a la del centro y derecha, los sectores más tradicionales del PSOE van a tener complicado evitar el Gobierno de izquierdas.
El Gobierno de izquierdas también admite dos variantes:
  • El PSOE supera a Podemos y compañía, al menos con cierta holgura de escaños. Snchz se lanza, antes de que se lo impidan, a la coalición con Iglesias, tras dura pugna por el reparto de poder. Creo que no es aventurado decir que, dada la levedad intelectual y de carácter del Sr. Snchz, en tal Gobierno Podemos tendría la sartén por el mango. Sería un gobierno inconsistente, inestable y de continuos bandazos, altamente preocupante. Y con otro efecto colateral de la máxima importancia: su debilidad sería el escenario soñado para el secesionismo catalán, que es el problema seguramente más peligroso que tenemos actualmente. Desde mi punto de vista, este escenario es el peor de los posibles, aunque cada día que pasa parece que su probabilidad disminuye.
  • Lo que hace aumentar la de la otra variante: Podemos supera con claridad al PSOE, en votos y en escaños. La catástrofe socialista. Paradójicamente, podría exacerbar el disfraz moderado de Iglesias, para tratar de dulcificar un poco la píldora del PSOE, aunque no creo que sirviera de mucho. No sé si seré un iluso, pero albergo esperanzas de que las fuerzas que conservan el sentido en el PSOE impedirían el suicidio definitivo de su partido, por lo que considero este escenario menos indeseable que el anterior. Pero jugamos con fuego.
  • Ambas variantes podrían aún verse agravadas si la suma requiere el concurso de los partidos secesionistas. La situación, no descabellada, sería tan manicomial que podría, incluso, llevarnos a la catástrofe de unas terceras elecciones.
El ejercicio de tratar de estimar las probabilidades de los distintos escenarios es muy arriesgado. No tenemos más remedio que acudir a las encuestas, a sabiendas de su alto grado de manipulación y su escasa fiabilidad, en una situación tan compleja, en la que un montón de escaños pueden bailar con pequeñas variaciones del voto. Mucha gente está al menos tan confusa como nosotros mismos y muchos (digan lo que digan los expertos demoscópicos) mienten. A ello añadimos la dificultad añadida de la Ley Electoral. Los que vivís en circunscripciones grandes podéis mantener, sin mucho problema, el voto que se acomoda más a vuestras ideas. En las medianas (7 escaños en Zaragoza), el resultado es más inseguro. En las pequeñas, a todas las consideraciones hechas hay que añadir el dilema de mantenerse en la opción preferida o cambiar a disgusto, a sabiendas de que el voto preferido aprovechará casi seguro a otra, quizás la menos deseada.
En resumen, un panorama muy poco halagüeño. ¿Qué hacer? Como he dicho, abogo por un voto racional. Pero el análisis y la decisión de la mejor alternativa sólo puede hacerse desde las ideas y la conciencia de cada uno, procurando no hacerse trampas, que no es fácil.
Por supuesto, una de las alternativas es la abstención o el voto a Bríos. Quizá la única que no requiere de la pinza de Pascual. Yo mismo la he utilizado, cuando he considerado que ninguna de las alternativas cumplía unos mínimos de solvencia o decencia (tras la masacre de Atocha, por ejemplo). Pero siempre siendo conscientes de que facilitamos la labor a alguno.
Una consideración final. Aunque muchos lo dicen siempre, creo que estas elecciones tienen una importancia especial. Hay un factor nuevo. Por primera vez tiene posibilidades reales de alcanzar el poder una fuerza que, a veces explícitamente y otras tratando de disimularlo (lo que acentúa su peligrosidad), quiere hacer tabla rasa del sistema constitucional. No me voy a extender sobre el modelo que quieren instaurar. Pero sostengo que supondría un grave y peligroso retroceso de la libertad de los ciudadanos. Sobradas muestras han dado ya de su concepción de la democracia y del poder, aunque parece que hay muchos que se resisten a verlo. Al respecto me permito recomendar la lectura (y especialmente la difusión entre los que se consideran de izquierdas) del último artículo de Antonio Robles, http://www.libertaddigital.com/opinion/antonio-robles/un-cantamananas-recorre-espana-79222/
Racionalmente, creo que hay motivos para estar seriamente preocupados.
J. G.
Zaragoza, 15 de Junio de 2016
PD 1. Para abundar en lo que dije más arriba, Pablo Iglesias se ha declarado admirador y, prácticamente, hijo político de Zapatero, al que ha calificado de “mejor presidente de la Democracia”. Verdaderamente, no necesitamos más
PD 2. Ciertamente, cada día que pasa resulta más descorazonadora la posición (?) de Ciudadanos en temas capitales. De forma llamativa en el tema de la inmersión. Tengo que volver a recomendar el (ahora) último artículo de Antonio Robles http://www.libertaddigital.com/opinion/antonio-robles/cs-abandona-la-lucha-contra-la-inmersion-79291/ . Pero el tema estrella de la regeneración también se va viendo cada vez más vaporoso. Creo que en la campaña del 20D Ciudadanos malbarató una magnífica posición de partida, por una mezcla de falta de claridad en las propuestas y en las posibles alianzas y una especie de mesianismo tontorrón, que sólo transmitía inconsistencia y bisoñez. La gestión posterior del resultado mejoró algo las cosas, pero el acuerdo con el PSOE (además de generar serias dudas) se presentó, de nuevo, de forma exageradamente enfática y se llevó demasiado lejos. Me parecía que habían aprendido de los errores (ellos mismos lo dijeron) y enfocaban esta campaña con más acierto. Pero ya me va dando la impresión de que vuelven a las andadas de la confusión y de pretender decirles a los demás cómo tienen que organizar su casa. En esta campaña bis, lo más importante que la gente quiere saber (con toda razón) es qué van a hacer con su voto. Podemos y PP lo dicen. Los demás intentan seguir mareando la perdiz. Buscan peces sin mojarse el culo. Si ya no me parecía buena idea en Diciembre, ahora me parece contumacia.
¡Qué difícil te ponen el voto racional!
17 de Junio del 2016
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La Asociación Lengua Común suscribe el manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos

La Asociación Lengua Común ha participado en la redacción y se suscribe al Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos de los castellanohablantres en toda España, presentado el pasado lunes 6 de Junio.
Consideramos que la lengua en la que libremente se expresan los ciudadanos no debe ser objeto de ley por parte de ninguna administración pública, y que la única obligación y derecho de los ciudadanos son los recogidos en la Constitución Española respecto de la Lengua Española.

POR LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS CASTELLANOHABLANTES EN TODA ESPAÑA

Los que promovemos este manifiesto somos ciudadanos castellanohablantes que residimos en comunidades autónomas con diversidad lingüística: Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, País Vasco, Asturias y Galicia.

El castellano está reconocido como lengua oficial en toda España. Nuestra peculiaridad consiste en que compartimos espacio con otros ciudadanos que tienen como lengua materna o de identificación otra lengua española, también reconocida como oficial en toda o en parte de una comunidad autónoma, o bien una modalidad lingüística que se habla en ciertas zonas.

Para nosotros, las políticas de los poderes públicos deben basarse en el respeto a la diversidad, en el principio de paz lingüística entre las distintas comunidades lingüísticas que comparten un territorio, y en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de sus integrantes.

Los castellanohablantes de territorios monolingües tienen reconocidos estos derechos y pueden ejercerlos sin dificultad. Sin embargo, esto no sucede en las comunidades autónomas donde coexisten diversos idiomas oficiales. En ellas se está confundiendo el legítimo derecho al uso de las lenguas regionales, con la marginación y creciente vulneración de los derechos lingüísticos de la comunidad castellanohablante que allí reside.

La Constitución reconoce el derecho de los españoles a no ser discriminados por razón de origen, y establece que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento en el territorio nacional. El ejercicio de este derecho actualmente no es completo, y su limitación perjudica, especialmente, a quienes tienen hijos en edad escolar.

El conflicto lingüístico existe y tiene su base, entre otras razones, en el desigual tratamiento dado a los derechos la comunidad castellanohablante en algunas zonas de España, lo que ha ocasionado situaciones de evidente discriminación.

Por lo tanto, consideramos esencial sentar las bases para solventar este problema. Corresponde a los Poderes Públicos del Estado regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, PROCLAMAMOS:

1) Que todas las lenguas y modalidades lingüísticas españolas deben ser objeto de una regulación equilibrada y garantista para sus hablantes.
2) Que la declaración constitucional de lengua oficial del castellano conlleva el reconocimiento legal de, al menos, los siguientes derechos lingüísticos a la comunidad castellanohablante en toda España:
a.- El derecho a recibir la enseñanza en castellano.
b.- El derecho a dirigirnos en castellano a cualquier Administración Pública, y a ser atendido en nuestro idioma sin demora y sin obligaciones añadidas.
c.- El derecho a disponer en castellano de impresos oficiales, información y rotulación pública, así como de las indicaciones escritas en la señalización viaria.
d.- El reconocimiento de la oficialidad plena del castellano en la redacción de cualquier documento público.
e.- El derecho de las empresas privadas a establecer el castellano como lengua de trabajo y a relacionarse y comunicarse con sus clientes en este idioma.
f.- El derecho a desarrollar actividades culturales y a disponer de servicios culturales en castellano, así como a una presencia equilibrada de nuestro idioma en los medios públicos de comunicación.
3) Que los Poderes Públicos y las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben actuar como garantes y facilitar el ejercicio de estos derechos en todo el territorio nacional.
4) Que el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos ha de ser compatible con el respeto y pleno desarrollo de los derechos de los ciudadanos de otras comunidades lingüísticas en los territorios con cooficialidad lingüística.

En Madrid, a seis de junio de dos mil dieciséis.

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La Asociación Lengua Común lamenta la creación del premio Desideri Lombarte para la promoción del catalán y Chuana Coscujuela para la promoción del “aragonés”

La Asociación Lengua Común lamenta la creación del premio Desideri Lombarte para la promoción del catalán y Chuana Coscujuela para la promoción del “aragonés”

La Asociación Lengua Común lamenta la creación de un premio para la promoción del catalán en una región donde NO SE HABLA CATALÁN, sino una variedad dialectal del occitano radicalmente distinta de la comúnmente aceptada como normal, que no es más que la variante barcelonesa, muy legítima, pero ajena a nuestra comunidad. Este hecho muestra bien a las claras que las motivaciones reales tienen una raíz política, y de una agenda que, en ningún escenario, busca un bien para nuestra región.

Igualmente, lamentamos la creación del premio Chuana Coscujuela para trabajos en Aragonés, primero porque, de nuevo, se asimila la estrategia de normalización en una de las diversas variedades de dialectos que se dan en los valles del pirineo y segundo porque, de nuevo, responde a la generación de políticas lingüísticas que sólo buscan la fractura social, la invasión de la libertad individual y la fractura política de nuestra comunidad.
Desde la Asociación consideramos muy perniciosa esta nueva vuelta de tuerca en el ámbito de creación de políticas lingüísticas que busquen regular lo que debe pertenecer al ámbito privativo de los aragoneses. Consideramos igualmente que es un error la adopción de políticas que buscan la ruptura social en algo tan íntimo como es la Lengua, y creemos que, el actual, es el peor momento para la implantación de políticas que, a su carácter erróneo, unen su inoportunidad.

No perdemos oportunidad de denunciar el anterior ejecutivo, que debió cortar de raíz estas políticas y no entrar en el absurdo juego de las denominaciones (LAPAO, etc). En su día denunciamos que, a la vuelta de los ejecutivos que tienen un punto de apoyo en las políticas lingüísticas, para políticas de control social, nos encontraríamos con que parte del camino seguiría asfaltado.

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